La calle fue este domingo el escenario de una protesta sin precedentes. Miles de personas en toda España salieron a reclamar que los ayuntamientos cumplan con la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, especialmente en lo referido a la gestión de colonias felinas. Bajo el lema «Los gatos tienen ley», gestores de colonias, asociaciones animalistas y ciudadanos particulares se concentraron en 38 ciudades, desde Bilbao hasta Valladolid, pasando por Sevilla, Murcia o Zaragoza.
La movilización, coordinada por la plataforma Los Gatos Tienen Ley, tuvo un carácter estatal y se desarrolló de manera simultánea en distintos puntos del país. Los convocantes denuncian que, tres años después de la aprobación de la normativa, su aplicación es «insuficiente» en la mayoría de municipios y «inexistente» en otros. La ley establece que son las administraciones locales las responsables de garantizar la protección de los gatos comunitarios, pero la realidad muestra que son las voluntarias quienes sostienen estos espacios con su tiempo y su dinero.
Una movilización coordinada en toda España
La protesta se celebró en 38 ciudades de todo el territorio peninsular, una cifra que refleja el malestar de un movimiento que ha pasado de ser invisible a copar el debate público. En Bilbao, la concentración tuvo lugar frente al Ayuntamiento a las 12:00 horas; en Sevilla, cientos de personas recorrieron el centro desde la sede de la Presidencia de la Junta hasta el consistorio; en Murcia, la marcha partió de la avenida Alfonso X; y en Zaragoza, unos 300 asistentes recorrieron el paseo de la Independencia con gritos como «los gatos de la calle no son una plaga». En Valladolid, la Plaza de la Constitución y la Fuente Dorada fueron los puntos de encuentro. En Cádiz, la manifestación reunió a un centenar de personas.
Los colectivos convocantes han querido dejar claro que la protesta no se dirige contra un ayuntamiento concreto, sino contra todas las administraciones locales que no están cumpliendo con sus obligaciones legales. Según la organización, es la primera vez que tantas gestoras de colonias se unen para reclamar de forma coordinada el cumplimiento de la normativa. Entre las peticiones más repetidas se encuentran la elaboración de censos actualizados, la implantación efectiva del método CER (captura, esterilización y retorno), la identificación mediante microchip, la atención veterinaria gratuita y la dotación de presupuestos estables para estos programas.
Las reivindicaciones: cumplir la ley y aplicar el método CER
Además, reclaman que los consistorios asuman los costes veterinarios, la alimentación y la gestión de los residuos. «Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la ley», señaló en una entrevista Evaristo Rodríguez, coordinador de la plataforma en el País Vasco. Una queja que se repite en todas las ciudades: el 99% de los gastos de las colonias están siendo sufragados por las propias voluntarias con su dinero. «No pueden sustituir a la Administración en sus responsabilidades», añadió en San Fernando la portavoz de Podemos, Marina Liberato.
El papel del voluntariado y la financiación pública
Las personas que se encargan a diario de los gatos comunitarios son, en su mayoría, mujeres que dedican horas de su tiempo libre a alimentarlos, llevarlos al veterinario y controlar su salud. En Bilbao, la plataforma denunció que «las voluntarias terminan asumiendo el gasto de todo». En Sevilla, Sara Izquierdo, coordinadora de la movilización, indicó que las partidas municipales son «testimoniales e insuficientes» y apenas cubren dos o tres meses de actividad al año. Esta situación se repite en Salamanca, donde el colectivo de gestoras ha convocado una manifestación para exigir recursos suficientes.
Los organizadores insisten en que la gestión de las colonias felinas no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de los ciudadanos, sino que debe ser una política pública planificada y financiada. Por ello, piden que los ayuntamientos contraten personal especializado, establezcan convenios con clínicas veterinarias y garanticen la continuidad de los programas de esterilización y control más allá de las campañas puntuales. Además, exigen una mayor protección para las cuidadoras frente a conflictos vecinales y una mejor formación de las policías locales en materia de bienestar animal.
Ejemplos de incumplimiento y datos alarmantes
Aunque los datos varían según el municipio, la encuesta de la Dirección General de Derechos de los Animales revela que solo uno de cada cuatro ayuntamientos tiene un censo de colonias felinas y apenas uno de cada cinco ha identificado a los animales. Esta falta de información impide tomar decisiones adecuadas y dificulta la aplicación de políticas eficaces. En San Fernando, por ejemplo, el ayuntamiento informó en 2022 de 877 gatos censados, pero Podemos solicita actualizar esas cifras y publicar la evolución de las esterilizaciones. En Salamanca, el consistorio asegura que ha esterilizado al 86% de los 900 gatos contabilizados, pero las gestoras denuncian que no se aplica el CER con continuidad.
El problema no es exclusivo de las grandes ciudades. En Patones de Arriba, un pequeño municipio de Madrid, los gatos son parte del paisaje turístico, pero la gestión brilla por su ausencia. Los expertos alertan además del impacto de las colonias felinas en el ecosistema en espacios naturales, como ocurre en el Parque Rural de Anaga en Tenerife, donde las asociaciones conservacionistas piden reubicar las colonias. Sin embargo, la mayoría de colectivos defiende que la solución pasa por la esterilización y el control, no por el desplazamiento de los animales, que suele ser contraproducente.
Próximos pasos y demandas claras
De cara al futuro, la plataforma Los Gatos Tienen Ley exige que cada ayuntamiento elabore un plan municipal de gestión de colonias felinas, elaborado junto a las asociaciones y el personal técnico. Este plan debe incluir censos actualizados, esterilización masiva, identificación con chip, atención veterinaria, protocolos para resolver conflictos vecinales y programas de formación para los agentes de la autoridad. También reclaman transparencia en los contratos con empresas externas y la creación de subvenciones específicas para las entidades que trabajan en este ámbito.
La movilización del 6 de septiembre ha servido para poner sobre la mesa una problemática que muchos alcaldes preferían ignorar. Los organizadores aseguran que no se detendrán aquí y que seguirán reclamando el cumplimiento de la ley en todas las instancias. «Todos los ciudadanos, tanto los que aman a los animales como los que no, deben entender que la ley establece cómo gestionar las colonias y hay que respetarla», declaró Evaristo Rodríguez. La presión ciudadana ya se ha dejado notar y ahora son los municipios los que deben dar un paso al frente.
Las administraciones no pueden mirar hacia otro lado. Las colonias felinas forman parte del ecosistema urbano y su gestión ética es una obligación legal y social. La manifestación ha dejado claro que el voluntariado está dispuesto a colaborar, pero no a sustituir la responsabilidad pública. Con miles de gatos en la calle y un número creciente de personas implicadas en su cuidado, la presión para que se apliquen programas de gestión ética y estable y bien financiados continuará. Los gatos tienen ley, y ahora toca hacerla cumplir.
