La paciencia tiene un lÃmite y en Lanzarote las personas que cuidan de las colonias felinas han dicho basta. Este domingo 6 de septiembre, a las 11.00 horas, un grupo de gestoras voluntarias se concentrará frente a la sede del Cabildo insular para exigir a los ayuntamientos y a la propia corporación que asuman de una vez las competencias que les otorga la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. La convocatoria, que parte de las gestoras de colonias felinas de la isla, busca visibilizar un problema que llevan años arrastrando: la falta de implicación institucional en un asunto que la ley regula de forma expresa.
Milagros González, portavoz de estas agrupaciones, ha sido la encargada de poner voz a una reivindicación que califica de «muy sencilla». Según explica, no piden que desaparezca el voluntariado, sino que las administraciones den un paso al frente y dejen de depender de la buena voluntad de unas pocas personas para sostener todo el sistema. La ley lleva tres años en vigor y, a su juicio, los consistorios no la están aplicando. Esa sensación de abandono es la que les ha llevado a plantarse ante el Cabildo con un mensaje claro: la gestión de las colonias felinas no puede seguir recayendo exclusivamente sobre quienes ya lo dan todo por estos animales.
El voluntariado, al lÃmite de sus fuerzas
La situación que describen las gestoras es la de un colectivo exhausto. Son ellas quienes recogen a los gatitos abandonados, los alimentan, los llevan al veterinario y, en muchas ocasiones, pagan de su bolsillo los gastos de urgencia. Milagros González habla sin rodeos del desgaste fÃsico y emocional que sufren quienes se dedican a esta labor. «Estamos muy cansadas», admite, y lamenta que en lugar de apoyo se encuentren con obstáculos: comederos retirados, insultos de algunos vecinos y episodios de rechazo en ciertos núcleos de población. «No nos sentimos respaldadas», insiste la portavoz, que describe el dÃa a dÃa de estas voluntarias como «un dolor continuo».
Lejos de amainar, el problema de las colonias felinas no deja de crecer. Las gestoras insisten en que el origen de esta situación está en la tenencia irresponsable de animales de compañÃa, y no en su labor. Muchos gatos acaban en la calle sin esterilizar, abandonados por sus propietarios o entregados a quien no los controla, lo que provoca que las colonias se multipliquen sin freno. Su trabajo, recuerdan, se centra precisamente en reducir la población mediante campañas de esterilización y en minimizar los conflictos con la presencia de estos animales en espacios públicos. Pero sin la implicación de las instituciones, esa labor se convierte en un parche.
La mirada puesta en La Graciosa y Famara
Uno de los casos que más preocupa a las gestoras es el de La Graciosa, donde la situación se ha enquistado. Las personas que gestionan las colonias en esta isla se constituyeron como asociación para poder hacer frente a la alimentación y las esterilizaciones. Según denuncia Milagros González, el Ayuntamiento de Teguise se comprometió hace aproximadamente un año a asumir la castración de una treintena o cuarentena de gatos, pero esa actuación nunca llegó a materializarse. La portavoz lamenta que los compromisos verbales se queden en eso, en palabras que no se convierten en hechos.
En Famara, el conflicto tiene otra derivada. Se trata de un espacio protegido, y ahà reside el problema: la normativa ambiental impide la devolución de los gatos esterilizados a la zona de la que proceden, lo que dificulta el control de las colonias y favorece su aumento. Las gestoras consideran que impedir el retorno de los animales a su entorno habitual es un error, porque sin esa suelta controlada no se puede gestionar la población felina de forma efectiva. Además, muestran su desacuerdo con mantener a los gatos en instalaciones cerradas, una práctica que consideran contraria a su bienestar y no resuelve el problema de fondo.
La solución, a juicio de las gestoras, pasa por un apoyo real y sostenido a las alimentadoras y por el desarrollo de campañas de esterilización para los gatos comunitarios, permitiendo después que regresen a su entorno. La clave está en que las administraciones asuman su responsabilidad y en que el voluntariado deje de ser el único sostén de un sistema que la ley ya regula. La concentración de este domingo es solo el primer paso de una reivindicación que no piensan abandonar hasta que alguien las escuche. Porque el bienestar animal, recuerdan, no es un favor que hacen unas voluntarias, sino una obligación legal de todos.
