La Ley 7/2023 de protecciĆ³n de los derechos y el bienestar de los animales, entrada en vigor hace mĆ”s de tres aƱos, sigue generando debate y movilizaciĆ³n. Su implementaciĆ³n no estĆ” siendo uniforme en toda EspaƱa, especialmente en lo que respecta a las colonias felinas, un asunto que ha llevado a numerosos colectivos a salir a la calle.
La norma, que afecta a propietarios, administraciones y gestores de animales, establece obligaciones claras y un rƩgimen sancionador que puede llegar a los 200.000 euros. Sin embargo, las reivindicaciones se centran en que se exija su cumplimiento efectivo.
Responsabilidad y sanciones segĆŗn la ley
El artĆculo 24.3 de la ley establece que el dueƱo serĆ” responsable de los daƱos que cause su animal, siempre que no exista provocaciĆ³n o negligencia de un tercero. Este principio se aplica tanto a daƱos fĆsicos como econĆ³micos. Por otro lado, el rĆ©gimen sancionador divide las infracciones en tres niveles: leves, con multas de 500 a 10.000 euros; graves, de hasta 50.000; y muy graves, de hasta 200.000 euros.
Estas cuantĆas, que se recogen en la normativa de bienestar animal, buscan disuadir comportamientos que atenten contra el bienestar animal. Sin embargo, la falta de inspecciĆ³n y control hace que muchas veces no se apliquen.
Colonias felinas: el incumplimiento de las administraciones
Uno de los puntos mĆ”s conflictivos es la gestiĆ³n de los gatos comunitarios. La ley obliga a los ayuntamientos a desarrollar programas de gestiĆ³n de colonias felinas, incluyendo esterilizaciĆ³n, identificaciĆ³n y atenciĆ³n sanitaria. Pero desde plataformas como āLos Gatos Tienen Leyā denuncian que, mĆ”s de tres aƱos despuĆ©s, muchos municipios no han implementado estos programas.
Por eso, el pasado domingo 6 de septiembre, se celebraron 38 manifestaciones en toda EspaƱa para exigir el cumplimiento de la ley. En lugares como Lanzarote, las gestoras de colonias han convocado concentraciones con el mismo objetivo: que las administraciones asuman sus responsabilidades y dejen de recaer sobre los voluntarios.
Estas movilizaciones nacen del cansancio de las personas que cuidan de los gatos con recursos propios: alimentaciĆ³n, traslados, veterinarios y, en muchos casos, sin apoyo institucional. AdemĆ”s, se enfrentan a conflictos con vecinos y falta de protecciĆ³n.
La demanda es clara: āNo pedimos una nueva ley, exigimos que se cumpla la que ya existeā. Los voluntarios quieren colaborar, pero no sustituir a las administraciones.
Con todo, la ley sigue siendo un instrumento importante para proteger a los animales, pero su eficacia dependerĆ” de la implicaciĆ³n de todas las partes implicadas.
