En este contexto, el Ayuntamiento de Murcia se ha convertido en un referente nacional. Según los datos facilitados por el consistorio, ya se han esterilizado 2.883 gatos comunitarios, lo que representa casi el 40% de los 7.254 ejemplares censados en las 626 colonias registradas en el municipio. La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha destacado que el objetivo es «compatibilizar el bienestar de los animales con la convivencia vecinal y la salud pública», subrayando la importancia de la esterilización, el seguimiento veterinario y la colaboración de las personas encargadas de las colonias.
El método CER como base de la gestión municipal
El programa de Murcia se sustenta en el método CER, que consiste en capturar a los gatos mediante jaulas trampa homologadas, esterilizarlos, vacunarlos, desparasitarlos y marcarlos con identificación auricular y microchip. Una vez recuperados, los animales son devueltos a su colonia de origen, donde reciben alimentación y cuidados continuos. Este modelo comenzó a desarrollarse tras la entrada en vigor de la Ley 6/2017 de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región de Murcia, que obliga a los ayuntamientos a fomentar la creación y gestión de colonias felinas como herramienta para la protección animal y el control poblacional, adoptando el principio de «sacrificio cero» para los animales errantes.
El primer paso fue la elaboración de un censo municipal en 2021, que estimó una población cercana a los 7.500 gatos comunitarios. Desde entonces, el programa ha ido evolucionando y ahora se plantea nuevos retos para 2027. El Ayuntamiento prevé intervenir sobre otros 500 gatos pertenecientes a colonias ya registradas, con el objetivo de alcanzar porcentajes de esterilización de entre el 80% y el 100%. Las actuaciones se centrarán especialmente en las 81 colonias del casco urbano y en la existente en la pedanía de Lobosillo.
Formación y acreditación de gestores voluntarios
Más allá de las intervenciones veterinarias, el programa de Murcia ha apostado por reforzar la organización y formación vecinal. Durante el último año se han impartido cuatro cursos específicos y se ha procedido a la acreditación de 355 gestores y alimentadores de colonias felinas, que colaboran con los servicios municipales en el mantenimiento y control de las colonias autorizadas. El proyecto también contempla la señalización de los espacios, la mejora de los puntos de alimentación, la instalación de refugios adecuados y la atención veterinaria de los animales heridos o enfermos. Además, se busca hogar para aquellos gatos sociables y para los cachorros que pueden incorporarse a programas de adopción.
Esta apuesta por la formación y la participación ciudadana no es exclusiva de Murcia. En Bétera (Valencia), el Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo contrato para la gestión ética y control de colonias felinas, con una inversión anual de 57.966,98 euros (IVA incluido). La alcaldesa, Elia Verdevío, ha asegurado que la entrada en vigor de este servicio es «un gran paso adelante para Bétera dentro de la apuesta del Equipo de Gobierno para ajustarnos a las nuevas normativas y para garantizar una relación de armonía entre la ciudadanía y los gatos de las colonias felinas municipales». El concejal de Sanidad, Carlos Abad, ha destacado que «para un municipio como Bétera, con 30.000 habitantes, dar este paso supone profesionalizar un servicio esencial para la salud pública y la convivencia vecinal».
Críticas y movilizaciones por el incumplimiento de la ley
A pesar de los avances, no todo son buenas noticias. Gestores de colonias felinas han convocado una protesta para el próximo 6 de septiembre en Palma, bajo el lema «Los gatos tienen ley», para reclamar una correcta aplicación de la ley de protección de los derechos de los animales por parte de los ayuntamientos y denunciar la situación de los felinos comunitarios. La manifestación, que comenzará a las 12.00 horas en la plaza de España y recorrerá el centro de Palma hasta terminar en la plaza de Cort, se suma a las marchas que tendrán lugar en otras 25 provincias. Los organizadores insisten en que mantienen la disposición a colaborar con cualquier administración dispuesta a cumplir sus obligaciones, desde el diálogo y la corresponsabilidad.
En Borriana (Castellón), el PSPV-PSOE ha alertado de que «la gestión de las colonias felinas, lejos de mejorar, va de mal en peor», y reclama al gobierno municipal «soluciones efectivas ante unos problemas que siguen sin resolverse pese a existir una partida presupuestaria destinada a esta materia». Según las alimentadoras, actualmente ningún veterinario de la localidad está asumiendo las emergencias ante la falta de garantías de cobro, lo que las obliga a buscar alternativas fuera del municipio cuando un animal es atropellado o necesita atención urgente. Los socialistas recuerdan que la gestión de los gatos comunitarios no es una opción, sino una obligación legal, y reclaman protocolos de actuación, un veterinario de referencia, el pago ágil de los gastos veterinarios y un servicio efectivo de recogida y acogida para los animales perdidos o heridos.
Un futuro con retos y oportunidades
La gestión ética de las colonias felinas es un asunto complejo que requiere la implicación de todas las partes: administraciones, profesionales veterinarios, voluntarios y ciudadanía. Mientras algunos municipios avanzan con programas sólidos y presupuestos específicos, otros siguen sin dar respuesta a las demandas de las cuidadoras, que dedican su tiempo y su dinero al cuidado de los gatos comunitarios. La ley 7/2023 es clara en cuanto a las responsabilidades de los ayuntamientos, pero su aplicación efectiva sigue siendo desigual en todo el país.
En Mairena del Alcor (Sevilla), por ejemplo, se ha celebrado una reunión de balance y cierre de la campaña sobre gestión ética de colonias felinas, en la que se han evaluado los resultados obtenidos. Según los datos facilitados, se han alcanzado las 99 castraciones, una cifra que refleja el compromiso con el objetivo ambicioso que se marcaron desde el inicio de la campaña. En esta mesa de trabajo han participado la concejala de Medio Ambiente, Ana Guillén; la técnica de Medio Ambiente, Vanessa Antúnez; la gestora de coordinación, Sara Martínez, y las coordinadoras de cuidadoras, Lili Cuéllar y Rocío Villegas.
La situación en las ciudades españolas pone de manifiesto que, aunque el marco legal existe, la falta de recursos, de planificación y de voluntad política sigue siendo un obstáculo en muchos municipios. Las cuidadoras y asociaciones reclaman que la aplicación de la normativa sea homogénea en todo el país y que se reconozca su labor, que en muchos casos es la única que garantiza la supervivencia de las colonias. La movilización del 6 de septiembre en Palma y otras 25 provincias es un claro ejemplo de que la paciencia se está agotando y de que los gatos comunitarios necesitan soluciones reales, no promesas vacías.
Con todo, el balance general es positivo en aquellos lugares donde se ha apostado por el método CER y por la colaboración ciudadana. La esterilización masiva, la identificación de los animales, la alimentación controlada y la atención veterinaria son las herramientas que están demostrando su eficacia para controlar la población de gatos comunitarios y mejorar la convivencia en barrios y pedanías. El reto ahora es extender estas buenas prácticas a todos los municipios y garantizar que las personas voluntarias reciban el apoyo que necesitan para desarrollar su labor en condiciones dignas y seguras.
