La presencia de gatos en las calles de pueblos y ciudades españolas es una realidad que ha llevado a la aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales. Esta normativa, que entró en vigor hace dos años, establece un marco para la gestión de las colonias felinas, pero su aplicación está generando situaciones contradictorias y conflictos entre la protección animal y la conservación de la biodiversidad.
Mientras que los ayuntamientos tienen la obligación de censar, esterilizar y cuidar a estos animales, también deben garantizar que no causen daños a la fauna silvestre. Dos casos recientes en La Graciosa y El Escorial ilustran las dificultades de conciliar ambos objetivos, y ponen de manifiesto las lagunas en la respuesta administrativa.
La Ley 7/2023 y la gestión municipal de las colonias felinas
La Ley 7/2023 atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de gestionar las colonias de gatos comunitarios. Entre sus obligaciones se incluye censar las colonias, desarrollar programas sanitarios y establecer protocolos para resolver conflictos vecinales. Además, los gatos deben ser esterilizados e identificados con microchip a nombre del municipio.
Sin embargo, la misma ley también protege a estos animales de forma muy estricta. El artículo 41 obliga a los ciudadanos a respetar su integridad y sus instalaciones, mientras que el artículo 42 prohíbe retirar o desplazar a los felinos salvo en casos muy concretos. Esta doble exigencia ha generado tensiones entre vecinos, protectoras y administraciones, como se refleja en colonias felinas de la ley a la gestión real en distintos puntos del país.
En la práctica, la aplicación de la ley se topa con problemas de financiación y de coordinación. Muchos municipios carecen de recursos para mantener los programas de captura, esterilización y retorno (CER), y las protectoras locales denuncian que la falta de fondos provoca que las colonias se descontrolen y aparezcan nuevas camadas}. Aunque la ley obliga a reducir progresivamente la población, la realidad es que el número de gatos callejeros sigue siendo elevado.
Además, la normativa no especifica cómo deben actuar las administraciones cuando las colonias afectan a espacios protegidos. La Ley 7/2023 contempla la retirada de animales solo si existe riesgo para la biodiversidad o la salud pública, pero la decisión queda en manos de las comunidades autónomas, lo que genera una aplicación desigual.
El caso de La Graciosa: gatos liberados y biodiversidad en riesgo
Uno de los episodios más llamativos ocurrió en la isla de La Graciosa, en el archipiélago Chinijo, donde en julio de 2024 se liberaron al menos un centenar de gatos en el Parque Natural y en otros espacios de la Red Natura 2000. SEO/BirdLife denunció los hechos ante el Gobierno de Canarias, pero un año después no ha recibido respuesta administrativa, según ha denunciado la organización.
La entidad ha aportado un estudio publicado en Biology Letters por investigadores del CSIC y la Universidad de La Laguna que analiza el impacto de las colonias felinas en el lagarto tizon y fauna endémica. El trabajo concluye que la presencia de gatos reduce las poblaciones de lagartos, especialmente los ejemplares de mayor tamaño, y que este efecto tiene consecuencias en cascada sobre el ecosistema, ya que los lagartos son dispersores de semillas y presa de aves.
El estudio también señala que alimentar a los gatos no evita que sigan cazando fauna silvestre, y cuestiona la eficacia a largo plazo de los programas de captura, esterilización y retorno (CER). Según SEO/BirdLife, las colonias funcionan como puntos donde los animales desaparecen más rápido de lo que pueden recuperarse, lo que supone una presión continuada sobre especies protegidas.
La Graciosa alberga colonias de aves marinas de alto valor ecológico, y la organización recuerda que la Ley 7/2023 obliga a que la gestión de colonias felinas evite impactos negativos sobre la biodiversidad. La normativa contempla incluso la retirada o reubicación de animales cuando existan riesgos en espacios protegidos, pero hasta ahora no se han adoptado medidas cautelares.
La paradoja de El Escorial: perros y gatos, dos varas de medir
Mientras en La Graciosa se debate cómo actuar, en El Escorial (Madrid) un cartel municipal resume las contradicciones de la ley. En un mismo poste conviven dos avisos: uno que amenaza con multas de hasta 3.000 euros a los dueños de perros que no recojan los excrementos, y otro que pide respetar a los gatos de una colonia felina controlada. La imagen refleja la disparidad de trato entre los animales de compañía con dueño y los gatos comunitarios>.
En el caso de los perros, existe un propietario identificable al año sancionar. En cambio, los gatos callejeros viven en la vía pública sin un responsable directo, y la limpieza y el mantenimiento de las colonias recae en el Ayuntamiento. La Ley 7/2023 blinda a estos animales, pero no resuelve los problemas de convivencia que generan, como la suciedad o los conflictos vecinales.
Expertos como el investigador Christian Gortázar y el presidente de la Organización Colegial Veterinaria, Luis Alberto Calvo, han alertado de que el modelo de gestión responsable en España puede tener consecuencias sobre la habitabilidad urbana, la salud pública y la biodiversidad. La ley pretende reducir el número de gatos callejeros, pero al mismo tiempo dificulta su retirada y obliga a mantenerlos y alimentarlos, lo que genera una situación paradójica.
La fotografía de El Escorial se ha convertido en un símbolo de esta contradicción. Mientras que el dueño de un perro debe limpiar inmediatamente o enfrentarse a una multa, los gatos de la colonia pueden hacer sus necesidades sin que nadie asuma la responsabilidad directa. La diferencia radica en que la administración local es la encargada de gestionar las colonias, pero en la práctica muchas veces no dispone de los medios suficientes.
La gestión de las colonias de gatos callejeros en España se ha convertido en un asunto complejo que enfrenta a la protección animal con la conservación de la biodiversidad y la convivencia urbana. La Ley 7/2023 ha supuesto un avance en el reconocimiento de los derechos de estos animales, pero su aplicación práctica está generando conflictos que requieren soluciones equilibradas>. Tanto en espacios protegidos como La Graciosa como en entornos urbanos como El Escorial, las administraciones deben encontrar la manera de cumplir con la normativa sin poner en riesgo los ecosistemas ni la calidad de vida de los vecinos.
