En los últimos años, la gestión de las colonias de gatos comunitarios se ha convertido en un tema candente en España. La aprobación de la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales estableció obligaciones claras para los ayuntamientos, pero su aplicación dista mucho de ser uniforme. Mientras tanto, las personas voluntarias que cuidan de estos animales siguen cargando con un peso que, legalmente, corresponde a las administraciones.
La situación ha llevado a un movimiento ciudadano que, bajo el lema ‘Los gatos tienen ley’, ha convocado movilizaciones en toda España para exigir el cumplimiento efectivo de la normativa. El próximo 6 de septiembre, decenas de manifestaciones y concentraciones tendrán lugar simultáneamente en 38 puntos del país, con un mensaje claro: no se pide una nueva ley, sino que se cumpla la que ya existe.
Una ley con escasa aplicación
La Ley 7/2023, aprobada hace más de tres años, atribuye a las entidades locales la responsabilidad de gestionar los gatos comunitarios. Entre otras cosas, exige la obligación de esterilizar gatos en España, la identificación mediante microchip, el censo y la atención sanitaria. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra que muchos ayuntamientos no han desarrollado los programas obligatorios, y en numerosos municipios la gestión sigue recayendo sobre voluntarios y asociaciones que aportan su tiempo y su dinero.
Las gestoras denuncian que, pese a la existencia de un marco legal claro, persiste la falta de recursos, de planificación y de voluntad política. En muchos casos, los consistorios se limitan a publicar el programa en el boletín oficial y luego lo dejan sin presupuesto ni aplicación. Esta situación es especialmente grave en los pueblos pequeños, donde la falta de medios técnicos y económicos agrava el problema.
Un ejemplo de esta realidad se vive en la provincia de León, donde las gestoras han convocado una protesta ante la Diputación. Allí, colectivos como el impulsado por Natividad Franco denuncian que la responsabilidad no puede recaer únicamente sobre los pequeños ayuntamientos, y piden que las instituciones supramunicipales intervengan con ayudas y protocolos marco.
El método CER, la solución ética
Frente a esta situación, el método CER para gestionar colonias felinas se ha consolidado como la vía más ética y eficaz para controlar las poblaciones felinas. Consiste en capturar a los gatos, llevarlos al veterinario para esterilizarlos y devolverlos a su colonia de origen, donde continúan siendo alimentados y vigilados. Este sistema permite estabilizar las colonias y evitar su crecimiento descontrolado.
En el territorio alavés, por ejemplo, 19 municipios ya aplican el método CER con resultados notables. Durante 2025, se esterilizaron 593 gatos y 639 fueron identificados con microchip municipal, lo que supone un avance significativo en la trazabilidad y el control. Asociaciones como Gaden, La Gatcueva y Betilagun trabajan en colaboración con los ayuntamientos para extender este modelo.
En Quintanar de la Sierra, Burgos, la Asociación Felinos de Pinares ha logrado estabilizar varias colonias gracias al CER. Con una red de entre diez y doce voluntarios, han realizado unas 105 esterilizaciones y gestionado 129 adopciones. Su experiencia demuestra que, con implicación y recursos, es posible mejorar la convivencia entre humanos y gatos, aunque los recursos públicos siguen siendo insuficientes para cubrir todas las necesidades.
Denuncias en espacios naturales
Uno de los focos de conflicto más intensos se vive en los espacios naturales protegidos. En Tenerife, las asociaciones ACBC y ATAN han denunciado la proliferación de colonias felinas en el Parque Rural de Anaga y en la Reserva de la Biosfera del Macizo de Anaga. Según estos colectivos, los ayuntamientos de Tegueste, La Laguna y Santa Cruz de Tenerife han autorizado o tramitan varias colonias, mientras toleran puntos de alimentación que consideran incompatibles con la protección y el impacto ecológico del entorno.
Los conservacionistas recuerdan que los gatos, aunque estén alimentados, siguen depredando sobre la fauna silvestre. En Anaga habitan 151 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, de las cuales 112 están protegidas por normativa europea y canaria. Por eso, piden la reubicación de las colonias a al menos un kilómetro de los límites del parque y la eliminación de los puntos de alimentación no autorizados.
El II Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera, vigente hasta 2026, ya contemplaba estas medidas, pero las asociaciones denuncian que no se han implementado. Esta situación refleja la dificultad de compaginar el bienestar animal con la conservación de la biodiversidad, un debate que también está presente en otras zonas de España.
Movilización estatal el 6 de septiembre
Ante este panorama, el movimiento ‘Los gatos tienen ley’ ha convocado una jornada de protesta el próximo domingo 6 de septiembre. Se celebrarán 38 manifestaciones y concentraciones en distintos puntos de España, con horarios que varían según la ciudad. En Bilbao, por ejemplo, será a las 12:00 frente al Ayuntamiento; en León, en la Plaza San Marcelo; y en Canarias, a las 11:00.
Las reivindicaciones son claras: cumplimiento efectivo de la Ley 7/2023 y de la Ley 9/2022 en Euskadi, dotación de recursos económicos suficientes, programas CER estables y continuados, y protección para las personas voluntarias que sufren hostigamiento y amenazas. También exigen transparencia cuando la gestión ética de colonias felinas se externaliza a empresas privadas.
Mónica García, portavoz nacional del colectivo, resume el sentir de muchas gestoras: «Después de más de tres años, seguimos poniendo nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro trabajo para sostener las colonias. Y muchas gestoras, además de sentirse abandonadas por sus administraciones, tienen que enfrentarse a amenazas y hostigamiento simplemente por hacer una labor que debería estar respaldada por ellas».
La movilización no busca una nueva ley, sino que se cumpla la existente. Como señalan los convocantes, «una ley aprobada por las Cortes no puede depender de la voluntad política de cada ayuntamiento». La gestión de las colonias felinas es, en definitiva, una cuestión de responsabilidad institucional y de respeto hacia los animales y hacia las personas que los cuidan.
Mientras tanto, en municipios como Quintanar de la Sierra, la labor diaria continúa. Sus voluntarios insisten en que la concienciación ciudadana es clave, y recuerdan que los gatos callejeros no eligieron vivir en la calle. Con esterilización, alimentación controlada y seguimiento, es posible lograr una convivencia armónica. Pero para ello, las administraciones deben asumir su parte, y la sociedad debe entender que detrás de cada colonia felina y la labor voluntaria hay un trabajo invisible que merece apoyo y reconocimiento.
