La gestión de los gatos que viven en la calle se ha convertido en uno de los asuntos más espinosos para los ayuntamientos españoles desde que la Ley de Bienestar Animal de 2023 estableciera la obligación de controlar las colonias felinas mediante el método CER. La norma dejó claro que los gatos comunitarios no pueden ser abandonados a su suerte, pero su aplicación práctica está resultando muy desigual en el territorio. Mientras algunas ciudades llevan años desarrollando programas modélicos, otras acumulan denuncias judiciales por no mover un dedo.
El debate no es baladí. Detrás de cada colonia felina hay decenas de animales que necesitan atención veterinaria, alimentación controlada y, sobre todo, esterilización para evitar que la población crezca sin límite. Pero también hay vecinos que se quejan de ruidos, olores y problemas de salud pública. El equilibrio entre el bienestar animal y la convivencia ciudadana es frágil, y cada municipio lo aborda con criterios muy dispares, lo que está generando un mapa de situaciones contradictorias en toda España.
Córdoba, el modelo que marca la diferencia
Si hay un lugar donde el método CER se ha convertido en un auténtico engranaje ejemplar, ese es Córdoba. La capital andaluza lleva cinco años aplicando un programa que ha logrado tener controlados a más de 7.200 gatos censados en 340 colonias felinas. Detrás de estas cifras hay un trabajo coordinado entre el Ayuntamiento, el Colegio Oficial de Veterinarios, la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales (FAPAC) y un auténtico ejército de más de 300 cuidadoras voluntarias que conocen cada rincón de la ciudad.
El sistema cordobés no se limita a castrar e identificar con microchip a los animales. Las cuidadoras reciben formación específica y mantienen un registro detallado de cada colonia, incluyendo el estado de salud de cada gato, la aparición de nuevos ejemplares o la desaparición de otros. Los veterinarios, por su parte, han establecido un sistema de turnos similar al de oficio para garantizar que siempre haya quirófanos disponibles para las cirugías. En un solo día, una clínica puede llegar a esterilizar entre 20 y 40 gatos, y cada animal recibe también vacunas contra la rabia y la trivalente felina, además de tratamientos antiparasitarios.
Los resultados son visibles. Algunas colonias han desaparecido por completo y otras han visto reducida su población drásticamente. La clave está en alcanzar un alto porcentaje de esterilización, en torno al 80%, para que la reproducción se detenga de forma natural. Además, esta labor tiene un impacto directo en la salud pública: los gatos controlados están sanos, desparasitados y vacunados, lo que reduce la transmisión de enfermedades. La vicepresidenta del Colegio de Veterinarios de Córdoba, María José Delgado, incide en que «muchas veces la gente olvida que esto no se hace solo por los gatos, sino por toda la sociedad».
San Sebastián de los Reyes recupera el tiempo perdido
Lejos de Andalucía, en la Comunidad de Madrid, San Sebastián de los Reyes acaba de dar un paso importante al recuperar su programa municipal de gestión de colonias felinas después de que fuera eliminado durante el anterior mandato. El Ayuntamiento ha firmado nuevos convenios que asignan más de 36.000 euros para contratar servicios veterinarios y coordinar las actuaciones del CER con la Protectora de Animales Brigada de Defensa Animal, una entidad que venía realizando este trabajo de forma voluntaria y asumiendo los costes por su cuenta.
La profesionalización del programa es el objetivo declarado por el Consistorio, que quiere garantizar que las capturas, esterilizaciones y sueltas se hagan siguiendo criterios veterinarios estrictos. El acuerdo con la Clínica Veterinaria La Dehesa contempla no solo las cirugías, sino también la atención de urgencias y cualquier intervención necesaria para mantener el estado sanitario de los animales. Este movimiento sitúa a San Sebastián de los Reyes en el camino correcto, aunque todavía le queda mucho para alcanzar los niveles de gestión ética de colonias felinas que ya presume Córdoba.
Monforte de Lemos, la otra cara de la moneda
No todos los municipios están cumpliendo con sus obligaciones. En Monforte de Lemos, la asociación Miau Lemos ha llevado al Ayuntamiento ante los tribunales por carecer de un programa específico de gestión de colonias felinas, algo que la ley exige desde marzo de 2023. El presidente de la entidad, Isaac Rey, denuncia que en enero de 2025 informó al Concello sobre la existencia de una colonia y que, ante la falta de respuesta, se ha visto obligado a acudir a la vía judicial.
La situación en Monforte es especialmente delicada porque hay colonias con animales en mal estado de salud, incluyendo ejemplares con carcinoma y patas rotas. Una vecina de la zona, Marta Quiroga, asegura que ha avisado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento sobre la presencia de una colonia en una finca privada, donde los gatos se están reproduciendo sin control y con graves deficiencias sanitarias. El grupo municipal del PP, por su parte, ha anunciado que preguntará en el pleno por el «litigio judicial actualmente abierto contra el Concello» por el presunto incumplimiento de la ley por parte de ayuntamientos, y critica que el gobierno local «destine unos 150.000 euros a un canil y luego no cumpla con las obligaciones legales con las colonias felinas».
El Ayuntamiento defiende que la demanda está siendo analizada por los servicios jurídicos y que, en cuanto a la finca privada, «los responsables son los propietarios» y que «el Concello no puede entrar en propiedades privadas». Esta respuesta no ha convencido a los denunciantes, que insisten en que la administración local tiene competencias para intervenir en estos casos y garantizar el bienestar animal.
El problema de la comida: alimentar sin control atrae a las ratas
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades sanitarias es la relación entre la alimentación de gatos callejeros y la proliferación de ratas en las ciudades. El Ayuntamiento de Bilbao lanzó meses atrás una campaña advirtiendo de que «la comida que echas a gatos o palomas acaba siendo para ellas». Las ratas aprovechan los restos que quedan en la vía pública para alimentarse, y en otoño, cuando las condiciones climáticas cambian, pueden buscar refugio en edificios y alcantarillas.
Varias ciudades españolas están viendo aumentar los avisos por presencia de roedores. En Pedregalejo (Málaga), los vecinos denunciaron en septiembre un incremento de ratas relacionado con la acumulación de residuos y el fácil acceso a contenedores. En Lugo, la oficina municipal de turismo ha tenido que someterse a tratamientos de desratización cada quince días ante la persistencia del problema. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) ha señalado que estos casos no son excepcionales y que en 2026 se han registrado episodios en Mazarrón, Alicante, Gijón o Zaragoza.
Los expertos insisten en que la solución no pasa por dejar de alimentar a los gatos, sino por hacerlo de forma controlada y en horarios donde no queden restos accesibles para otros animales. El método CER, bien aplicado, es también una herramienta de salud pública: los gatos esterilizados y alimentados en puntos fijos no necesitan buscar comida en la basura y evitan la proliferación de roedores. En Córdoba, por ejemplo, los vecinos de la Judería han pasado de quejarse por los maullidos a disfrutar de una colonia integrada que atrae incluso a los turistas.
Sea como fuere, el camino hacia una gestión ética y eficiente de las colonias felinas en España todavía es largo. La ley está clara, pero su aplicación depende de la voluntad política y de la implicación ciudadana. Córdoba ha demostrado que es posible, Monforte ha puesto de manifiesto lo que ocurre cuando no se actúa, y el resto de municipios tienen ahora el espejo en el que mirarse. El bienestar de los gatos callejeros no es solo una cuestión de compasión, sino de salud pública, convivencia y cumplimiento legal.
