El Ayuntamiento de Eivissa ha puesto en marcha la distribución de pienso para los gatos comunitarios que viven en el municipio. Los cuidadores con la correspondiente acreditación pueden solicitar la comida en el Centre de Protecció Animal Sa Coma, siempre que se tenga actualizada la información de la colonia. Esta medida, que los voluntarios reclamaban desde hace tiempo, ha sido recibida como un avance por la Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE), aunque desde la organización se insiste en que solo es la primera pieza de un puzzle que debe resolver la administración local. El gesto de facilitar el alimento supone un alivio para muchas personas que llevan años pagando de su bolsillo el mantenimiento de los animales.
La entidad ha mostrado su reconocimiento al concejal de Bienestar Animal, Manu Jiménez, por dar este paso, pero no esconde que el camino que marcan los artículos 38 y 39 de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales es mucho más profundo. No se trata de comprar bolsas de comer, sino de asumir un modelo de gestión de los gatos comunitarios que incluya censo, esterilización, identificación, atención sanitaria y la implicación activa de los ciudadanos. La entrega de pienso no debe entenderse como un punto y final, sino como el comienzo de una serie de obligaciones.
La normativa que plantea exigencias más amplias
La legislación estatal es nítida: los ayuntamientos son los responsables de estas colonias y su trabajo debe ir de la mano de las personas cuidadoras. La carga de la prueba no puede recaer siempre en el voluntariado, que hasta ahora ha destinado tiempo y dinero sin que las instituciones les acompañaran con herramientas. En opinión de ACFE, la estrategia a corto plazo debe contemplar como pilar la creación de un mapa actualizado y accesible de cada colonia, el registro de los gatos con su chip y el establecimiento de programas veterinarios periódicos.
En su comunicación, la asociación hace referencia expresa al hecho de que la esterilización, siendo una práctica necesaria, no es el fin de todo. Se necesita avanzar en la toma de muestras, en el mantenimiento de las zonas y en la coordinación con los colectivos protectores. La Ley 7/2023 no hace que la alimentación sea una opción generosa, sino que determina que las entidades locales están obligadas a proporcionar los medios y recursos necesarios para una gestión completa y digna, incluyendo la obligación de esterilizar gatos en España.
Una isla en descompensación: la situación de los municipios
La crítica más fuerte que se aprecia en el colectivo es que los cinco municipios de la isla no están avanzando al mismo ritmo. A juicio de ACFE, aunque la capital d’Ina vaya una buena dirección, en otras localidades todavía hay una lentitud que se nota en los servicios. No solo de la disponibilidad de alimento, sino de que los procesos de registro no estén listos o que se impongan condiciones que dificultan que la cuidadores ya establecidas puedan dar de alta las colonias que llevan años manteniendo. La irregularidad en la implementación demuestra que el problema se está tomando como un segundo plano en muchos ayuntamientos.
El caso de Sant Antoni es el que ACFE ha mostrado más atención, reconociendo las campañas de esterilización llevadas a cabo. Sin embargo, la misma organización dice que no es suficiente. Se necesita una infraestructura completa, que pase por que las personas que cuidan estos gatos dispongan de un canal formal, con datos actualizados y responsabilidades compartidas. La medida principal que se ofrece es que un gobierno no puede decidir si asume la ley o no según su interés, ya que lo normado es obligatorio.
El llamamiento a la concentración del 6 de septiembre
El día 6 de septiembre, a las 12 horas, ACFE ha convocado un protesta en la plaza de sa Graduada de la Vila. Esta movilización se suma a otras que están previstas en varios puntos de España con el lema “Ayuntamientos, cumplid la ley”. La fecha recuerda que la norma no es algo lejano, sino que ya está en marcha, y que las entidades locales deben mostrar su compromiso con las agresiones. La asociación insiste en que la presión social no nace de una vocación de conflictividad, sino que pretende ser un recordatorio de que el cuidado de los gatos comunitarios es una responsabilidad más.
También dejan claro que cuando se reconoce un avance, como el que ha hecho el ayuntamiento de Vila, se ha de ir celebrando, pero no como un punto final. Se espera que la ayuda que se ponga en marcha pueda extenderse al resto de localidades. El camino por seguir es que la administración no tenga que estar siempre con las voluntarias, sino que sea la propia administración la que ejerza sus obligaciones.
Para retirar el pienso, las personas que ya tienen el carnet de alimentador pueden ponerse en contacto con el Centre de Protecció Animal Sa Coma. Siempre que el dato de la colonia que tienen asignada se encuentre renovado. La organización aprovacha para dar las gracias a las voluntarias que mantienen la red en una isla que no siempre ha atendido su llamada. Este esfuerzo continuado es lo que ha permitido que hoy pueda plantearse una medida así, pero no para acabar aquí. Las siguientes pasos deben llevar a un verdadero plan integral que, al final, sea espejo de lo que dicta la norma.
