El envenenamiento de gatos y otros animales domésticos ha reavivado la preocupación social e institucional en La Romana, República Dominicana, tras conocerse el caso de un hombre responsable de la muerte de múltiples mascotas y animales de corral en el sector Barrio Blanco. Vecinos y asociaciones animalistas han señalado que esta práctica, además de cruel, vulnera las normativas vigentes sobre protección animal, y han pedido una respuesta contundente por parte de las autoridades.
El incidente se produjo a lo largo del mes de junio cuando residentes del barrio comenzaron a notar el hallazgo de varios perros, un gato y gallinas muertos en diferentes puntos de la zona. Los animales presentaban síntomas claros de envenenamiento agudo, como convulsiones, salivación excesiva y signos de dolor intenso. Entre los animales afectados, se contaba una perra en estado de gestación, cinco cachorros y un chihuahua adoptado por una vecina del barrio.
Acción vecinal y recogida de pruebas
La indignación entre los vecinos creció rápidamente a medida que se multiplicaban los casos. Los habitantes del sector, preocupados por la seguridad de sus animales y la salud pública, optaron por revisar las grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en el vecindario. Mediante estos vídeos, lograron identificar al presunto responsable, lo que permitió a las autoridades intervenir con prontitud.
El Ministerio Público lideró la investigación, en la que colaboraron fiscales especializados y la Procuraduría General de la República. Gracias a la información proporcionada por los propios vecinos y a los registros audiovisuales, se pudo comprobar que la persona arrestada habría utilizado un insecticida organofosforado mezclado con comida para acabar con la vida de los animales. El producto, altamente tóxico, no solo puso en riesgo a los gatos y perros de la zona, sino también a otros miembros de la familia y a los propios habitantes, pues este tipo de venenos puede contaminar el ambiente y provocar daños colaterales.
Repercusiones legales: biocidio y protección animal
La jueza responsable del caso decretó un mes de prisión preventiva como medida cautelar para el sospechoso, identificado como Luis Eduardo Corporán de Aza. Este castigo se enmarca dentro del delito de biocidio, que en República Dominicana contempla penas de prisión y multas económicas para quienes provoquen la muerte innecesaria de animales. La Ley 248-12 sobre Protección Animal y Tenencia Responsable, en vigor desde 2012, establece de manera expresa la prohibición del envenenamiento de cualquier animal doméstico o silvestre, y considera agravante el uso de sustancias químicas peligrosas.
Según la legislación, el biocidio se sanciona con penas de seis meses a un año de cárcel y multas de hasta cincuenta salarios mínimos, dependiendo de la gravedad y el número de animales afectados. La investigación ha estado a cargo de fiscales como Yalissa Marina Candelario Rijo y coordinada con Roxanna Reyes Acosta, enlace nacional para la aplicación y cumplimiento de la ley de protección animal.
Impacto social y llamamiento a la acción
El caso ha provocado profunda indignación entre los residentes del barrio y defensores de los animales. Las asociaciones de protección animal han subrayado la necesidad de endurecer las penas y mejorar la formación de los cuerpos policiales para prevenir y sancionar adecuadamente este tipo de delitos. También se ha destacado la importancia de promover refugios municipales, campañas de concienciación sobre el bienestar animal y apoyo veterinario gratuito para personas con pocos recursos.
Este suceso ha sido ampliamente difundido, sirviendo como recordatorio de la importancia de denunciar conductas sospechosas y colaborar con las autoridades. La implicación vecinal y la rápida reacción de la justicia han sido fundamentales para contener el daño y establecer un precedente en la lucha contra el maltrato animal en entornos urbanos.
La problemática del uso de venenos en muchas ciudades para eliminar gatos callejeros o colonias de felinos sigue siendo un reto importante. La educación sobre una convivencia respetuosa y la gestión ética de las colonias a través de protocolos CER (Captura, Esterilización y Retorno), junto con el apoyo institucional en prevención y en casos de envenenamiento, son pasos esenciales. Medidas firmes, coordinación institucional y sensibilidad ciudadana son imprescindibles para evitar que episodios como este se repitan y para garantizar la protección y el bienestar de todos los animales que forman parte de nuestras comunidades.